El derecho a la memoria

    Donde es un deber adorar al sol es bastante seguro que sea un crimen investigar las leyes del calor.

John Morley

Las nuevas leyes de protección de datos y "derecho al olvido" (reconocido en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2014 con el objetivo inicial de evitar la difusión de información personal a través de Internet) han tenido interesantes derivaciones en los últimos años. Por ejemplo el año pasado en España el Tribunal Constitucional extendió el derecho al olvido digital a las hemerotecas de los periódicos. El razonamiento de base fue que ese derecho al olvido implica limitar la difusión de datos personales cuando supuestamente ya no tienen relevancia ni interés público y pueden lesionar los derechos de los individuos, aunque la publicación original fuese legítima y veraz.

Como siempre lo que en el campo legal empiezan siendo derechos inalienables para todos luego, en el caso de aquellos que tienen más dinero, tiempo y abogados, se convierten en una oportunidad para obtener ventajas retorciendo la interpretación de tales derechos. ¿Hay noticias de hace 20 años que relacionan su nombre con tráfico de drogas o con una imprudencia temeraria de su empresa? movilice a sus abogados para que en base a la protección de datos y al derecho al olvido una vez cumplida la sentencia los buscadores de Internet y luego las propias hemerotecas de los periódicos tengan que borrar su nombre y así nadie pueda acceder fácilmente a esa información aunque fuese en origen verídica. Lo que nos lleva a preguntarnos si existen individuos que no se merecen tener que convivir al menos con una mala reputación. 

En última instancia todo esto implica la confrontación entre el derecho a la información y a la libertad de expresión contra el derecho a la intimidad de una persona que, pasado un tiempo, opta por solicitar que determinados datos sobre su vida sean eliminados del escrutinio público o que, al menos, se dificulte el acceso a los mismos para el público masivo. Y como los procesos legales son caros y difíciles normalmente no van a ser los individuos corrientes los que más se beneficien de tales medidas de protección.

Pero estoy escribiendo este texto por una razón muy concreta. Me refiero a las consecuencias que todo lo anterior empieza a tener para los historiadores, especialmente en España donde, a quién puede sorprender, el Tribunal Constitucional o la Agencia de Protección de Datos a veces interpretan la jurisprudencia en torno a Internet de una forma un tanto conservadora, por decirlo de algún modo.

De tal manera hace unos días la Universidad de Alicante ha tenido que acceder a la petición del hijo de un alférez del ejército franquista de nombre Antonio Luis Baena Tocón, el cual ejerció de secretario judicial en uno de los consejos militares que condenaron a muerte al poeta Miguel Hernández (sentencia después conmutada por la de prisión).

Resulta que el chaval conserva un gran recuerdo de su padre. No lo dudo. La historia está llena de ejemplos de personas de catadura moral muy dudosa que pese a ello eran a su vez entrañables progenitores o divertidos contertulios en la intimidad. De Adolf Hitler siempre hablaron maravillas muchos integrantes de su círculo cercano. La cuestión es que al hijo de Antonio Luis Baena Tocón no le gusta que se recuerde el dato más oscuro de la biografía de su padre como celoso funcionario franquista (que lo era, como muestra el conjunto de su trayectoria, aunque no voy a a entrar en ello porque no es realmente el asunto), así que ha usado de manera muy creativa y eficaz las posibilidades de la nueva jurisprudencia para solicitar que se borre el nombre de su progenitor (en adelante solo se podrán mencionar las letras iniciales de su nombre y apellidos haciéndolo así irreconocible) de los artículos de investigación accesibles desde Internet que lo mencionan en relación al citado hecho histórico. Parece que no hemos avanzado nada desde que en los inicios de la Transición se decidió censurar el documental Rocío por tratar hechos incómodos similares poniendo igualmente nombres y apellidos al pasado franquista de algunos próceres locales de dicha romería.

Pensar en la trascendencia de esa medida en caso de sentar precedente. Hablamos de artículos científicos escritos por historiadores no de exabruptos en redes sociales o de desnudos filtrados de un móvil. Y además hablamos de hechos históricos probados y documentados, no de rumores o especulaciones. De hechos históricos ocurridos hace casi un siglo protagonizados por una persona que murió hace años. Y aún así el resultado es que en base a su "derecho al olvido" y al de sus descendientes... hay que callarse y no mencionar su nombre o al menos dificultar el acceso del público masivo al mismo a través de las fuentes de consulta en Internet.

Por ello las repercusiones potenciales de este asunto, en caso de confirmarse la legalidad y pertinencia del procedimiento, son devastadoras. Especialmente en un país como España y en un Régimen como el imperante en la España actual donde cada vez más sentencias de los tribunales de Justicia tienden a posicionarse del lado de una interpretación del pasado reciente nauseabunda y a intentar por todos los medios acallar cualquier crítica a la misma. Y eso que el acceso a los archivos y las fuentes documentales ya está suficientemente intervenido y que realmente el modelo de Transición a la democracia en España ya implicó de por si que se sepultase bajo tierra mucha información escandalosa. Por ejemplo no he visto ningún documental sobre la gloriosa Transición española que mencione siquiera de pasada que el primer Presidente del Gobierno tras la muerte de Franco, Carlos Arias Navarro, empezó su ascenso en el régimen franquista purgando la ciudad de Málaga tras la ocupación por las fuerzas militares golpistas lo que implicó miles (sí, has leido bien, no docenas, ni cientos, miles) de condenas de muerte de reales o supuestos "rojos". Asimismo, por deleznable que nos pueda parecer hoy (¿o no?), nada de eso impidió que ya en los luminosos años de la Transición la Casa Real lo nombrase marqués y Grande de España. A fin de cuentas en aquella época nadie tuvo la impertinencia de atreverse a recordar públicamente esos pequeños detalles en su trayectoria. 

Pero volviendo al tema central del que quiero hablar hoy, lo triste de todo esto es que está pasando en las sombras, a través de medidas técnicas no muy conocidas, ajenas al debate público y que no parecen importarle a nadie aunque se intuyen sus potentes consecuencias a años vista. Por eso me pregunto: si poco a poco se nos quita incluso el derecho a recordar y patalear, qué nos queda entonces.