Garrapatas y dragones

Así es cómo se las arreglan para controlarnos. Seguro que lo sabes. Eres demasiado listo como para no saberlo. Llenan el mundo de sombras y les dicen a los demás que no se alejen de la luz. Su luz. Sus causas. Sus opiniones. Nos cuentan que en la oscuridad hay dragones. Pero no es verdad. Podemos demostrar que no es verdad. En la oscuridad hay hallazgos, hay posibilidades... en la oscuridad hay libertad cuando alguien la alumbra.

El Capitán Flint en el último episodio de esa pequeña joya que es “Black Sails”.

  

Al pasear por los bosques cercanos a mi actual residencia hay que tener mucho cuidado con un animal especialmente. No es un oso, ni es un lobo sino un pequeño insecto. Se trata concretamente de una variedad de garrapata que puede llegar a causar la muerte. No de forma inmediata, por supuesto. Su peligro se basa en que tras morder la carne y pegarse a algún recóndito rincón del cuerpo segrega un veneno que genera infecciones y además, de forma simultánea, libera una sustancia analgésica que enmascara el dolor de la picadura, la cual resulta así indetectable para el sistema nervioso. De esa forma pueden pasar días o semanas hasta que el huésped humano descubre al parásito. El problema es que para entonces el daño suele ser ya irreversible.

En España no hay garrapatas como esas, pero lo anterior no impide que existan problemas en parte similares. A ver si soy capaz de explicaros uno que tengo en la cabeza, porque es más grave de lo que parece pese a lo cual la mayor parte de la población española ni siquiera es consciente del asunto. Como si de la picadura de una gigantesca y maligna garrapata se tratara.

En teoría en las sociedades libres y democráticas existen varias cortapisas a la corrupción y en última instancia al abuso por parte de los poderosos. A saber, la cacareada división de poderes, también por supuesto el imperio de la ley, así como la atenta vigilancia de que todo lo anterior se cumple llevada a cabo por los medios de comunicación en general. Esto último es muy importante porque dentro de un sistema democrático regido por elecciones periódicas es necesario que la población disponga de información veraz a la hora de tomar la decisión de a quién o qué votar.

  Ahora bien. Cuando hablamos de que la población ha de poseer una información fiable a la hora de tomar decisiones colectivas de gran calado tenemos tendencia a centrarnos en el corto plazo y pensar que los intermediarios en ese proceso han de ser los periodistas profesionales en exclusiva. Sin embargo lo cierto es que resulta imposible que una sociedad sepa interpretar la información pública y tomar luego decisiones racionales a partir de ella si no se dispone previamente de un buen sistema educativo que fabrique ciudadanos cultos, honrados y capaces, lo que deposita gran responsabilidad en los maestros que pilotan dicho sistema. Con frecuencia olvidamos que una sociedad con buenos periodistas pero pésimos educadores no puede funcionar. 

Asimismo es importante no perder la perspectiva del “tiempo largo”. La información que importa no siempre es la relativa al suceso y a lo inmediato sino que en ocasiones la información verdaderamente relevante tiene relación con el pasado lejano y sus procesos. Y ese campo no es competencia de los periodistas, ni de los profesores propiamente dichos, sino de los historiadores.  

Yendo al grano. En todos los países el aparato estatal de gobierno produce regularmente ingentes cantidades de información. Algunos fragmentos de la misma resultan especialmente relevantes ya que detallan los motivos, inconfesables a veces, secretos en la mayoría de los casos, que en su momento llevaron a adoptar tal o cual camino a los dirigentes de turno. Pero incluso las piezas de información que no parecen importantes de por sí, puestas en conjunto e interpretada por profesionales en el análisis del pasado, pueden servir a veces para articular y ofrecer a la población un discurso alternativo al relato oficial de los acontecimientos.

Por supuesto las montañas de papeles confidenciales que las burocracias de los Estados producen a diario no pueden ser consultadas de inmediato por personal ajeno a la propia Administración y por tanto esos documentos atraviesan un período de varias décadas durante las cuales son considerados material clasificado de acceso muy restringido. Pero en los países normales, de forma automática, pasados 20 o 30 años desde su fecha de emisión ese tipo de expedientes en manos del Estado pasan a ser de acceso público. En países normales ningún documento, por importante que sea, puede permanecer secreto indefinidamente. Claro está toda traza de los hechos realmente inconfesables suele ser eliminada en su momento, pero lo importante es que el resto, la documentación que pueda quedar, fluye de las oficinas gubernamentales a los archivos y de ahí al público a través de los historiadores de forma más o menos automática, reglada y periódica. Y a veces entre esa documentación quedan rastros de eventos que el poder de antaño quiso ocultar o borrar de la memoria colectiva.

Por poner un ejemplo. En EE.UU. la rutina es que los documentos clasificados pasen a ser públicos a los 25 años de haber sido redactados. Si el papel en cuestión contiene una información juzgada como demasiado sensible o que puede poner en peligro la seguridad nacional entonces el secreto dura 50 años, momento a partir del cual es desclasificado por sistema. Por su parte en el Reino Unido el plazo standard para que un documento pase a ser automáticamente de libre consulta son 30 años y se debate ahora reducirlos sensiblemente. Plazos similares a los que operan en los países escandinavos o Alemania por ejemplo.

En Francia en cambio son un poco más restrictivos. Pero en general en casi todos los países de nuestro entorno existe el consenso de que pasados 50 años un documento oficial se ha convertido en un documento histórico y por tanto ya no lo ampara tal cosa como el “secreto de Estado”.

En España sin embargo NO sucede eso. 

En lo que hoy nos concierne una de las muchas cosas que impiden a España ser un país normal es que, por mucho que todo el mundo insista en silenciarlo o ignorarlo, resulta que parte de la legislación emitida por una odiosa dictadura militar de tinte fascista sigue en vigor. Peculiaridades de nuestra “Transición”. 

Por ello entre otras cosas en ese país la piedra angular sobre la que se sustenta el sistema de archivos, y en general del acceso público a los registros internos que documentan la actividad del Gobierno, es una increíblemente arcaica y restrictiva ley emitida en 1968, la cual en su momento poseía toda la lógica, justo es reconocerlo, ya que a fin de cuentas el propósito de la misma consistía en proteger al aparato represivo de una dictadura (el Régimen franquista en el poder por entonces), blindando el acceso del público a cualquier material sensible sobre los altos niveles de la Administración, el servicio diplomático y, por supuesto, el aparato policial y de seguridad, así como todo lo relativo a los servicios de inteligencia del Régimen.

En cambio llama la atención y dice mucho de la auténtica naturaleza de nuestra “Transición” el que la esencia de dicha ley siga siendo respetada aún hoy pese a las modificaciones efectuadas por la Ley reguladora de Secretos Oficiales de 1978 la cual, por cierto, pese al clima de “apertura” que supuestamente impregnó aquellos años en el fondo lo que hizo fue añadir a la Ley del 68 todavía más compartimentos estanco, es decir designar nuevos ámbitos protegidos de todo posible escrutinio. De esa forma se consagró por entonces como principio en el engranaje jurídico del Régimen de la "Transición" que la potestad de calificar una información como secreta en España sea una competencia reservada en exclusiva al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Esto que al ciudadano corriente no le importa lo más mínimo y en todo caso puede parecerle inocuo tiene sus consecuencias porque implica varias cosas inquietantes. Entre ellas que en España en realidad no hay un plazo, por largo que sea, a partir del cual la información interna que han manejado los sucesivos Gobiernos, así como el registro de sus actividades diarias o del proceso de toma de decisiones, se desclasifica de forma automática. Y esto a su vez supone que haya cosas que jamás podrán formar parte del debate público en base a algo más que la pura especulación porque no es posible conocerlas a ciencia cierta. Pero sigamos. 

El caso es que en 2013 se publicó a bombo y platillo una Ley de Transparencia. Todo lo que rodea a la misma es otro perfecto ejemplo de cómo funcionan los entramados legales tejidos por el Régimen de la “Transición”. En primer lugar por su incoherencia manifiesta.

Para que entendáis de qué hablo pensad por ejemplo en la Constitución, ese texto sacrosanto obra magna de unas mentes preclaras a juzgar por el relato que documentales y libros de texto hacen de su génesis. En su conglomerado de artículos se implementa una figura en teoría innovadora y justiciera como la del Defensor del Pueblo, la cual luego resulta que no tiene definidas claramente unas atribuciones lo que la convierte en la práctica en un puesto decorativo donde cobrar un buen sueldo (a costa del erario público) y hacer currículum. Asimismo se establece como principio básico la igualdad de sexos pero a la vez se mantiene la sucesión por vía masculina en el ámbito de la Corona. Se atribuye al Senado un papel de representación territorial que en realidad no ejerce, ya que de hecho carece casi por completo de competencias propias al margen del Congreso. En otros artículos se habla de la separación de poderes mientras se consagra un sistema donde son los partidos los que proponen a los miembros del Tribunal Constitucional e influyen también en el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces). España en el fondo se define por ese tipo de cosas. Por la acumulación de incongruencias a medio camino entre lo espontáneamente chapucero y lo astutamente conveniente. 

Conveniente para algunos. Claro.

No debe extrañarnos por tanto descubrir que la Ley de Transparencia del 2013 y la Ley de Secretos Oficiales de 1968 chocan entre ellas y se da la situación rocambolesca de que la que tiene primacía es la implementada por la Dictadura, tal y como reconoce el articulado de la propia Ley de Transparencia que, por tanto, nunca pretendió serlo. En su artículo 12 dicha Ley cacarea que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública”, pero dos artículos después el texto detalla montones de excepciones debido a las cuales… ya NO tienen derecho a ello.

Así que en la práctica lo que ocurre en España es lo siguiente. Los materiales más sensibles archivados por el Ejército, los servicios de inteligencia, las cancillerías diplomáticas en el exterior o la cúspide del Gobierno jamás se desclasifican. Da igual que pasen 30, 40, 50, 60, 70 años… los que sean. Siguen siendo secretos y por tanto esos papeles no son habilitados para la consulta pública. De esa forma pasan su vida almacenados en los sótanos de edificios pertenecientes a diversas instituciones hasta que los legajos en cuestión tienen a bien pudrirse y desaparecer al fin para que así nadie pueda meter las narices en ellos.

Existen canales para intentar acceder a dicha documentación. Faltaría más. Pero en general de cara a lograrlo resulta necesario en primer lugar saber que dicha información existe, o al menos intuirlo, y luego elevar una petición expresa para la desclasificación de tal o cual documento a los organismos competentes, algo que en última instancia deja la decisión en manos de los burócratas y políticos de turno. Llegados a ese punto en el mejor de los casos la autorización solo va a llegar en caso de buena voluntad, porque como digo el aparato estatal tiene la potestad de interrumpir sine die la desclasificación de documentos comprometedores. 

Y en el peor de los casos (que es el que se da más frecuentemente) el razonamiento suele ser tal que así: intuyo que tal o cual papel deja mal a una figura señera del partido en el Gobierno, o de nuestros amigos de la oposición, o al abuelo del rey, o al tío de mi jefe, así que no lo desclasifico y punto.  

Debido a todo lo anterior España es un país con un vacío archivístico muy extraño. Y dicho agujero documental, el período del que los historiadores apenas disponen de información o la que disponen es con cuentagotas, mire usted qué casualidad, comienza más o menos en 1936 (parece que la información sobre períodos anteriores da un poco igual, no me explico la razón). Desde entonces hasta la actualidad está prácticamente todo clasificado como materia reservada o confidencial. Casi todo lo importante al menos, pese a que en países normales el grueso de los documentos generados por los Gobiernos del pasado hasta más o menos bien entrados los años 60 es de dominio público desde hace tiempo, incluso cuando hablamos de papeles comprometedores relativos a la participación en golpes de Estado en el extranjero y otra serie de cuestiones no muy decorosas.  

Pero aquí no. Por eso, si uno se fija, la mayor parte de obras historiográficamente relevantes que se han publicado en las últimas décadas sobre la Guerra Civil española o el Franquismo al final resulta que tienen como fuentes las entrevistas orales a antiguos combatientes, documentos desclasificados por archivos rusos después de 1991, documentos desclasificados por los Servicios secretos británicos o estadounidenses, documentación de archivos alemanes, o bien bibliografía escrita por historiadores alemanes e hispanistas ingleses. Es todo muy extraño porque documentación en español, consultada en España, y que aporte algo nuevo o diferente, hay bastante menos de la que debería haber por analogía con otros casos. Esto explica en parte además la relativa insignificancia de los historiadores españoles tanto en su propio país como fuera de él en comparación con las “bombas” que de vez en cuando desvelan sus colegas alemanes, ingleses o franceses. En España los investigadores especializados en Historia contemporánea en el fondo a lo más que pueden aspirar es a discutir sobre la fallida industrialización en el s. XIX, realizar biografías por encargo o debatir sin fin una y otra vez los mismos temas sobre la Guerra Civil, para más humillación basándose sobre todo en lo que van publicando autores extranjeros. Es lo que hay. Las revelaciones importantes las hacen periodistas de vez en cuando y a través de entrevistas directas y contactos personales. Los historiadores del mundo "actual" (es decir los dedicados a fechas alejadas solo algunas décadas del presente), condenados por su dependencia del papel, en España cuentan poco y aportan menos.

La Historia reciente de España según el relato oficial.

No es de extrañar. A este ritmo todo lo relativo a las decisiones adoptadas tomadas por el Franquismo en sus años duros, las charlas en los Consejos de Ministros durante los momentos clave en que se decidieron condenas a muerte o represiones de huelgas, la documentación referida a la peculiar Restauración de la familia Borbón a la cabeza del Estado, así como todo lo relacionado con las simpáticas decisiones clave tomadas en aquel paraíso de bondad y progresismo que fue la “Transición”, jamás saldrán a la luz pública. Es muy simple, como he intentado explicar a diferencia de otros países más normales en España no hay un plazo claramente definido cumplido el cual se abre la posibilidad de consultar una información determinada. Para el caso la archivada por los servicios secretos en los momentos previos al 23 de Febrero de 1981, por decir una fecha totalmente al azar. 

Según la legislación actual dentro de cien años dicha documentación, en caso de continuar existiendo, podrá seguir siendo hurtada del escrutinio público por los altos poderes del Estado, los cuales hasta el día de hoy han mantenido al respecto de estos temas de forma sistemática una política de absoluto secretismo independientemente del partido en el poder. A fin de cuentas el peculiar ordenamiento legal que blinda el Régimen de la Transición así lo respalda. ¿Pero si todo lo que rodeó la instauración del mismo fue tan glorioso y limpio como cuentan nuestros actuales manuales de historia, por qué esa obstinación en proteger del escrutinio de los profesionales de la historia gran parte de lo ocurrido entre bambalinas en aquellos momentos?

Siendo malpensados uno puede relacionar el celo con preservar al menos los secretos del Régimen Franquista con el Partido Popular, pero por ejemplo en octubre de 2010 el gobierno socialista de Zapatero blindó aún más todos los informes en posesión del Ministerio de Exteriores. Así en general. No se puede consultar prácticamente NADA de lo sucedido en una cancillería española en el exterior en los últimos ochenta años. Nada de lo relevante, claro, las facturas del catering y esas cosas sí. Faltaría más. Que somos un país libre. 

Resumiendo, en España no solo no hay un plazo definido a partir del cual se tiene derecho a consultar documentos clave en poder del Gobierno sobre múltiples cuestiones relevantes en el pasado de este país, sino que ni siquiera existe un órgano independiente para decidir qué se puede desclasificar y qué no. Es el poder político el que guarda celosamente dicha prerrogativa entre sus manos. 

Uno puede esperar que pasen estas cosas en Venezuela. Pero dentro de la supuestamente moderna y liberal UE lo cuentas y suena como raro.

Por si fuera poco a lo anterior se suman otros problemas. En España, debido al peculiar sistema de taifas que subyace bajo el "modelo autonómico", la documentación se encuentra atomizada, repartida en una confusa maraña de depósitos dependientes a su vez de diversos organismos y administraciones. Y luego hay excepciones que no suponen un alivio. Porque existen conjuntos documentales en manos de instituciones privadas que se reservan la potestad de autorizar la consulta de la documentación en sus manos solo a personas afines a su ideología. Un caso sangrante es el de la Fundación Francisco Franco, entidad que ha recibido durante décadas cuantiosas subvenciones estatales (en suma, procedentes del dinero de todos; aunque en los últimos tiempos se financia sobre todo con aportaciones de sus socios, las cuales permiten deducciones fiscales) con la finalidad de pagar el mantenimiento los materiales que alberga, pero que solo autoriza la consulta de forma discrecional a historiadores de un determinado perfil ideológico.

¿Os imagináis que en Alemania parte de los documentos redactados por Adolf Hitler estuviesen en manos de sus descendientes y admiradores y estos a su vez tuviesen el derecho de elegir qué tipo de personas pueden leerlos? Quizás se sostendría aún la idea de que fue un señor muy amable con tendencias ecologistas. ¿O que en EE.UU. ningún documento relativo a sus servicios de inteligencia pudiese consultarse… nunca? Bueno, pues esto último es lo que ocurre en España con la documentación del CNI. Y así con muchos otros temas. Desde las actuaciones de la Brigada Político-Social o los datos concretos sobre el número de represaliados durante los años 40 que fueron utilizados por empresas en trabajos forzados, hasta las posibles presiones y contactos mantenidos por el Gobierno en torno al acceso a la OTAN, la documentación de los Consejos de Ministros o de la embajada en Marruecos durante los años de confrontación por el control del Sáhara occidental, así como las conversaciones con el Gobierno francés en torno a ETA… Todo eso y muchas otras cosas son oficialmente secretas sin fecha prevista para que dejen de serlo. Quizás se pueda consultar un día algún documento al respecto, si es que nadie lo ha quemado o tirado antes (algo que, por supuesto, en España no tiene prácticamente consecuencias judiciales por lo que podemos suponer que es práctica corriente en según qué organismos) pero la posible publicación solo se producirá si alguien de algún Gobierno del futuro tiene a bien dar el visto bueno, aunque en este momento estamos muy ocupados y no tenemos tiempo de analizar esa petición. Vuelva usted mañana. Su tabaco. Gracias.

Todo muy normal. ¿Verdad?   

Asimismo las partidas presupuestarias dedicadas a sufragar la clasificación de dicha documentación, o para pagar el trabajo de los archiveros encargados de gestionarla y controlar el acceso a la poca que puede ser consultada, son siempre muy exiguas. Por lo cual los tiempos de espera resultan larguísimos, el extravío de documentos en el proceso y otros problemas similares son muy abundantes, y en definitiva la suma de factores, aunque sea de forma inintencionada y chapucera, reafirma aún más el carácter casi inviolable de los secretos del Estado español. Quién lo diría. En I+D no somos tan buenos pero en todo lo relativo a guardar los secretos incómodos del abuelo somos potencia mundial.

Esto además contribuye a generar una cultura de opacidad y descuido respecto a la conservación de la información relevante de cara a una eventual desclasificación futura (que en el aparato de la administración nadie desea ni a nadie importa). Lo preocupante es que además esa cultura se ha extendido a muchas otras instituciones españolas. Desde las antiguas empresas que formaron parte del INI hasta las Cajas de Ahorros pasando por las Universidades públicas, las cuales apenas guardan o publican información relativa por ejemplo a los procesos electorales internos o los antiguos concursos “públicos” para contratar docentes. Algo que, a su vez, favorece el clima de corrupción imperante en tales organismos.

Recuerdo cuando hace años vi por primera vez esa magnífica película que es La vida de los otros. No me cabe duda de que en su momento el guionista y director quería hablar sin segundas intenciones del totalitarismo y, más en concreto, de las miserias del comunismo en la Alemania del Este. Con el tiempo sin embargo no se me escapa que, por pura casualidad, dicha película sirve también para hablar de muchas de las cosas que vinieron después de la caída de dichos regímenes. A fin de cuentas nosotros vivimos en un mundo que en determinados aspectos no se diferencia tanto de aquel como cree la mayor parte de la gente. Los Gobiernos de las democracias liberales del presente también nos bombardean con propaganda, también nos manipulan, también espían de forma masiva a sus ciudadanos. De hecho ya ni siquiera se esfuerzan en negarlo. Solo que todo eso que he mencionado lo hacen de formas mucho más complejas, elegantes y menos invasivas o violentas que las empleadas en el pasado por los rudos regímenes totalitarios. Al final es una cuestión de tecnología, buenas relaciones públicas, supermercados bien abastecidos, Twitter, videoconsolas y teléfonos móviles de diseño a precios accesibles lo que puede marcar la diferencia. Parece que casi todo el mundo tiene un precio y los sistemas liberales capitalistas pueden pagarlo. 

   Tal es así que el nuestro es un mundo mucho más opulento pero también más injusto, menos violento, pero más hipócrita, abarrotado de información y sin embargo no mucho más transparente. Llegado un determinado momento histórico casi todos los habitantes de los antiguos regímenes comunistas sabían perfectamente que su Gobierno estaba completamente corrupto y que, entre otras muchas cosas, se dedicaba a espiarlos y a mentir y ocultar la información por sistema. Los historiadores comunistas jugaban su papel en aquella mala obra de teatro. Sus análisis resultaban tanto más acendrados cuanto más se alejaban de su propia realidad. El materialismo histórico solo parecía servir para analizar sociedades no comunistas porque a fin de cuentas no había nada que analizar en la sociedad propia, dechado de virtudes como supuestamente era.

Hoy en día en cambio dentro de nuestro paraíso todo va bien. Y sin embargo podría argumentarse que los niveles de espionaje, manipulación, propaganda y secretismo en el seno de nuestras sociedades “abiertas” no tienen casi nada que envidiar a los sostenidos por regímenes represivos del pasado. De hecho los mecanismos de control social actuales son más peligrosos en tanto que se encuentran en un estadio de evolución mucho más avanzado. Y los historiadores como siempre, en este caso no por miedo sino por conveniencia, siguen mirando para otro lado mientras aseguran hacer lo contrario. Pero lo más preocupante de todo es que en el mundo en el que vivimos la manipulación y el secuestro de la información por parte del poder ha alcanzado mecanismos tan sofisticados que nos resulta imperceptible, incluso lucrativa en algunos casos y, por tanto, aceptable.

No obstante no voy a pontificar mucho más. Para el que no lo vea así, o no esté interesado en problemáticas de escala tan enorme, hoy me he centrado en una cuestión muy concreta y particular que se da en España y se refiere a la falta de transparencia del Gobierno español a la hora de desclasificar información sobre el pasado reciente. Es un tema poco conocido, aparentemente inocuo, que en realidad representa una rareza (una más) legada por una dictadura y en consecuencia algo totalmente anormal, si bien no parece que muchos españoles sean conscientes de ello. Esa rareza, pese a que inicialmente solo afecta a unos oscuros historiadores, a la larga extiende sus consecuencias a toda la sociedad al dificultar el acceso a la información no solo sobre la actualidad (lo cual en determinados casos posee lógica y ocurre en todos los países) sino también sobre el pasado (algo menos habitual y menos justificable en aras de la "seguridad nacional"). Un tipo de información, esta última, imprescindible para iluminar y hacer públicos aspectos importantes de nuestro modelo social desde hace décadas los cuales bien analizados pueden servir para explicar las causas profundas de los problemas del presente. 

Por lo que sea a la mayor parte de la población española esta cuestión no le preocupa en demasía, pese a lo cual yo confío en que algún día se impondrá la lógica. No obstante, hasta que eso ocurra, al volver a casa después de cada paseo campestre nos tocará palparnos en busca de molestas garrapatas que puedan haberse adherido de forma inadvertida a zonas recónditas del cuerpo. 

Con el tiempo hasta le coges el gusto.